Amnistía Internacional muestra preocupación ante el creciente clima de violencia y tensión en la calle en Ceuta. La organización pide a las autoridades que protejan a todas las personas, incluyendo migrantes y refugiadas, y que garanticen que el personal humanitario puede desarrollar su labor en condiciones de seguridad.
Aunque AI conoce las dificultades a las que se enfrentan fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en Ceuta, incluyendo el sufrir agresiones, la organización también ha recibido denuncias y testimonios creíbles de uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de fuerzas de seguridad del Estado contra migrantes. También por parte de particulares, que en ocasiones acompañan sus agresiones y hostigamiento con insultos racistas.
Especialmente grave, por su impunidad y ocurrido a plena luz del día, ha sido la quema de parte del campamento informal de migrantes en la playa Benítez de Ceuta. Que Amnistía Internacional conozca no hay todavía personas detenidas por este hecho.
Personal humanitario, de Cruz Roja, así como de otras entidades, está recibiendo amenazas y viendo obstaculizada su labor cuyo único objetivo es repartir comida y agua, y procurar asistencia humanitaria a personas que lo necesitan.
Toda persona, con independencia de su origen o estatus migratorio, tiene derecho a la protección de su vida e integridad física. Y quienes prestan asistencia humanitaria deben poder hacerlo sin miedo y con protección adecuada frente a violencia y amenazas.
La retórica que deshumaniza a migrantes describiéndoles como invasores y enemigos a quienes cazar es un caldo de cultivo idóneo para la violencia, el odio y la discriminación. Impedir la entrega de comida y agua no protege ninguna frontera: destruye nuestra humanidad.
Desde la organización pedimos a todos los partidos políticos y autoridades que condenen públicamente los actos y discursos racistas y xenófobos, que solo contribuyen a incrementar la violencia y odio contra las personas migrantes y refugiadas, incluyendo niños y niñas.
Solicitud de datos
Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades españolas datos actualizados sobre el número de llegadas, muertes, nacionalidades, edad y género de las personas que han cruzado desde el 30 de julio; información sobre las devoluciones a Marruecos, incluida la distribución entre retornos voluntarios y forzados y las garantías procesales aplicadas; datos sobre el acceso al procedimiento de asilo; la situación de los menores no acompañados; y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o de violencia por parte de civiles contra inmigrantes.
La organización pregunta también por la existencia de un supuesto acuerdo entre España y Marruecos para la devolución de todas las personas que hayan entrado en Ceuta, del que ha informado la prensa, y solicita que dicho acuerdo se haga público.
Según datos de la Delegación de Gobierno, actualmente hay unas 2.500 personas en Ceuta tras las llegadas del 30 de julio, cifra que el presidente de Ceuta eleva a entre 8.000 y 9.000. Entre las personas llegadas se encuentran nacionales de Marruecos, Sudán, Yemen, Eritrea, Malí, Bangladesh, Palestina, Chad, Gambia, República Centroafricana, Benín, Senegal y Guinea-Conakry, varios de cuyos países viven situaciones de conflicto armado activo y violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional, por lo que es probable que algunas de estas personas tengan necesidad de protección internacional.
Swisslatin / Amnistía Internacional Prensa (02.09.2026)