Sala en la ONU de Ginebra donde se llevan a cabos las asambleas del Consejo de Derechos del Hombre. (foto ONU / Jean-Marc Ferrer)
El Consejo de Derechos Humanos concluyó hoy los trabajos de su sexagésimo tercer período ordinario de sesiones, celebrado en Ginebra desde el pasado 7 de septiembre, al término del cual aprobó 34 resoluciones (diez de ellas sometidas a votación), dos decisiones y una declaración de su Presidente. Asimismo, se eligió a siete titulares de mandatos de los procedimientos especiales y a seis miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos.
En relación con el conflicto armado en curso en Sudán, el Consejo condenó enérgicamente las consecuencias devastadoras para la población civil de la toma de El Fasher, y en particular las atrocidades presuntamente cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido —actos que, según concluyó la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán, constituían crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y podían presentar características propias de un genocidio—. Del mismo modo, el Consejo condenó todas las formas de injerencia externa que alimentan el conflicto, incluido el suministro de armas y material militar, así como el despliegue de personal extranjero y mercenarios que participan en operaciones militares. El Consejo prorrogó por un año el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación.
Mediante otra resolución, el Consejo expresó su profunda preocupación por el importante y persistente deterioro de la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, especialmente por las informaciones que apuntan a ejecuciones extrajudiciales de críticos del Gobierno y por la continua erosión del pluralismo político. Asimismo, tras condenar la represión transnacional generalizada que la Federación de Rusia ejerce contra personas que ejercen sus derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo prorrogó por un año el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en dicho país.
Por otra parte, el Consejo prorrogó por dos años el mandato de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, mediante una resolución en la que instó al país a respetar el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, al tiempo que le pidió que liberara inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente y pusiera fin a todos los procedimientos penales iniciados contra ellas.
Mediante otro texto, el Consejo prorrogó por un año el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y solicitó a la Oficina del Alto Comisionado que presentara, en su próximo período de sesiones, un informe sobre las consecuencias del desmantelamiento y la sustitución, por parte de los talibanes, del marco legislativo y judicial del país. En dicha resolución, el Consejo condena enérgicamente todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y reitera su llamamiento a favor de un proceso dirigido y controlado por los afganos para establecer un gobierno representativo, en particular en lo que respecta al género y a todas las minorías étnicas y religiosas.
En otra resolución, el Consejo prorrogó por un nuevo período de un año el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi. Al hacerlo, el Consejo pidió al Gobierno burundés que, entre otras cosas, creara las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones presidenciales creíbles en 2027 y presentara un calendario para la reapertura de la oficina de derechos humanos del Alto Comisionado en Burundi. En lo relativo a la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades, el Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado que siguiera prestando servicios especializados de fortalecimiento de las capacidades y asistencia técnica al Gobierno yemení, así como todo el apoyo necesario a la Comisión Nacional de Investigación, para que esta pueda continuar investigando las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las partes en el conflicto del Yemen.
En virtud de una resolución sobre la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades en materia de derechos humanos en la República Democrática del Congo, el Consejo pidió al Alto Comisionado que siguiera apoyando al Gobierno, entre otras cosas, en los ámbitos de la justicia transicional y la protección de los derechos humanos en el sector de las industrias extractivas. Asimismo, el Consejo tomó nota con satisfacción de la condena en apelación de los 54 acusados por el asesinato de dos expertos de las Naciones Unidas, dictada mediante sentencia firme del Alto Tribunal Militar el 5 de junio de 2026.
Mediante otra resolución, el Consejo pidió al Alto Comisionado que siguiera prestando asistencia técnica a Georgia a través de la oficina del Alto Comisionado en Tiflis. Exigió que se concediera acceso inmediato a Abjasia (Georgia) y a la región de Tsjinvali/Osetia del Sur (Georgia).
Swisslatin / UIT Prensa (12.10.2026)